Mientras las élites mundiales se reúnen en Davos para discutir el futuro de la economía, Oxfam pone el foco en la crisis de desigualdad de América Latina. Según un estudio, Colombia y la región enfrentan un riesgo crítico: que el Estado deje de gobernar para la mayoría y pase a servir a los intereses de quienes concentran el capital.

El informe indica que solo cuatro personas en Colombia acumulan cerca de US$42.000 millones, una cifra que contrasta con millones de personas que enfrentan pobreza, precariedad laboral y dificultades para acceder a servicios básicos.

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“La concentración extrema de la riqueza pone en riesgo la democracia. Cuando el poder económico se traduce en influencia política, se debilitan las instituciones y crece la percepción de que el Estado gobierna para unos pocos”, señaló Jenny Gallego, responsable del Programa Influyente de Oxfam Colombia.

Para dimensionar esta desigualdad, un millonario colombiano promedio tardaría apenas dos minutos en ganar lo que una persona promedio obtiene en un año de trabajo.

También, la investigación advierte que, en contextos de alta desigualdad como el colombiano, la desconfianza hacia las instituciones democráticas se profundiza. Esto abre espacio a proyectos políticos que prometen soluciones rápidas al descontento social, pero que con frecuencia terminan debilitando el Estado y los derechos, favoreciendo la concentración de poder y riqueza.

En el ámbito fiscal, Oxfam señala que el sistema tributario colombiano es regresivo: las personas con menores ingresos terminan pagando proporcionalmente más que quienes concentran grandes fortunas. Mientras personas trabajadoras y consumidoras asumen gran parte de la carga fiscal, las grandes fortunas y corporaciones mantienen buena parte de su dinero fuera del país mediante deudas, intereses o transferencia de capitales.

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Esta situación limita la capacidad del Estado para invertir en educación, salud y derechos básicos. Sin cambios en la recaudación, las decisiones públicas seguirán subordinadas a intereses financieros externos, afectando la soberanía y debilitando la democracia.

Además, Colombia cuenta con más de 290 beneficios tributarios sin evaluaciones periódicas. Muchos de estos incentivos se mantienen más por presión corporativa que por su efectividad para generar empleo formal o impulsar la productividad, representando una pérdida significativa de recursos públicos.

“El país tiene recursos disponibles, pero el problema es cómo se recaudan, distribuyen y a quién benefician las reglas del juego”, agregó Gallego.

“En un contexto electoral como el que se avecina en 2026, es fundamental que la ciudadanía observe con atención qué propuestas buscan fortalecer políticas fiscales progresivas que reduzcan la desigualdad y beneficien a la mayoría de la población colombiana”.

Oxfam estima que una reforma fiscal profunda en América Latina y el Caribe podría incrementar la recaudación hasta en 4 % del PIB regional, lo que equivaldría a un aumento de cerca del 24 % en los ingresos públicos. Estos recursos permitirían reducir la pobreza, fortalecer los servicios públicos y enfrentar desafíos urgentes, como la crisis climática, que afecta de manera desproporcionada a quienes menos tienen.

El informe concluye que reducir la desigualdad no es solo una cuestión económica, sino una condición para la supervivencia de la democracia.

Limitar la influencia del poder económico, fortalecer sistemas fiscales justos y garantizar una participación ciudadana efectiva son pasos indispensables para construir sociedades más igualitarias y democráticas.

Puede leer el estudio aquí: 

Estudio revela la abismal distancia entre las élites y el trabajador promedio en Colombia by Zona Cero